2017: Inicio de investigaciones sobre la asociación Infancia Libre, vinculada a varios casos de sustracción de menores.
2018: Juana Rivas es condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores.
2021: El Tribunal Supremo confirma condenas a madres de Infancia Libre por sustracción de menores.
2022: El Gobierno concede indultos parciales a Juana Rivas y María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre.
El fenómeno de las llamadas madres secuestradoras —rebautizadas por algunos colectivos como madres protectoras— ha generado una intensa división social y jurídica en España en las dos últimas décadas. Se trata de mujeres que, en el contexto de una separación o divorcio conflictivo, deciden no entregar a sus hijos al otro progenitor pese a una resolución judicial que les obliga a hacerlo. La motivación que suelen alegar es siempre la misma: proteger a sus hijos de un supuesto entorno de violencia, abuso sexual o negligencia por parte del padre.
Este tipo de casos ha puesto de manifiesto las profundas tensiones entre dos derechos fundamentales: el derecho del menor a estar protegido ante cualquier situación de riesgo y el derecho de ambos progenitores a ejercer la custodia legal en igualdad de condiciones. También ha sacado a la luz posibles fallos en el sistema judicial y en los protocolos de protección de menores, que, según denuncian estas madres, no siempre evalúan con rigor las situaciones de abuso que ellas ponen sobre la mesa.
El Código Penal español tipifica como delito de sustracción de menores el hecho de retener a un hijo sin autorización judicial fuera de su entorno habitual o impedir el contacto con el progenitor custodio. En los últimos años, este delito se ha aplicado en casos muy mediáticos, como el de Juana Rivas, quien en 2017 no devolvió a sus hijos a su expareja —residente en Italia— alegando que él había sido violento. Aunque inicialmente recibió un fuerte respaldo social y político, fue finalmente condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores. En 2022, el Gobierno le concedió un indulto parcial, que también generó polémica.
Otro caso emblemático ha sido el de la asociación Infancia Libre, una red de mujeres que compartían estrategias legales para evitar el contacto de sus hijos con padres a los que consideraban maltratadores. Varios de sus casos fueron judicializados, y al menos cuatro de sus miembros fueron condenadas por sustracción de menores. La expresidenta de la asociación, María Sevilla, fue arrestada en 2019 tras haber ocultado a su hijo durante más de un año sin escolarización y sin permitir al padre ejercer su custodia. Fue condenada, pero también recibió un indulto parcial en 2022. Actualmente, María Sevilla cumple su condena en un centro de inserción social, y sigue generando debate en el ámbito político y jurídico.
Estas decisiones de indulto por parte del Gobierno han sido interpretadas por algunos sectores como una señal de comprensión hacia las madres que actúan por “instinto protector”, pero también han sido duramente criticadas por quienes defienden el respeto al Estado de Derecho y acusan a las instituciones de romper la neutralidad judicial con decisiones ideológicas. El conflicto se intensifica especialmente en casos donde las denuncias de malos tratos presentadas por las madres no han sido ratificadas por informes forenses, juzgados de violencia o servicios sociales.
Por otra parte, organismos internacionales como el Comité de Derechos del Niño han pedido a España que mejore la escucha activa de los menores en procesos de divorcio o custodia, para evitar situaciones en las que los hijos puedan quedar atrapados en medio de conflictos familiares judicializados y politizados.
A día de hoy, el fenómeno de las madres secuestradoras continúa generando titulares, programas de investigación, campañas en redes y también sentencias judiciales. Para unos, se trata de madres valientes que protegen a sus hijos en un sistema que no siempre les cree. Para otros, son personas que instrumentalizan el miedo o el conflicto para vulnerar derechos del otro progenitor y generar alienación parental.
Sea cual sea la perspectiva desde la que se aborde, estos casos reflejan la complejidad emocional, legal y ética que conlleva la defensa de los derechos de la infancia en un contexto de conflicto entre padres. Y ponen sobre la mesa una cuestión de fondo que sigue sin resolverse: ¿cómo proteger verdaderamente a los niños cuando los adultos están enfrentados y el sistema falla?
Copyright © 2024-2025 TriunArts | Todos los derechos reservados. Creado, diseñado y desarrollado con amor por Zudro Digital Media