El caso de las niñas de Aguilar de Campoo es, más de tres décadas después, uno de los enigmas más dolorosos e inexplicables de la crónica negra española. El 23 de abril de 1992, Virginia Guerrero Espejo (14 años) y Manuela Torres Bougueffa (13 años) desaparecieron sin dejar rastro después de salir de una discoteca en Reinosa (Cantabria). Ambas eran amigas inseparables y vivían en Aguilar de Campoo, una localidad palentina situada a apenas 30 km del lugar donde fueron vistas por última vez. Esa noche, como no tenían medios para regresar, hicieron autostop, una práctica tristemente habitual entre adolescentes de zonas rurales en aquel momento. Según varios testigos, se subieron a un coche blanco, presuntamente un Seat 127, pero a partir de ahí, se desvanecieron para siempre.
Lo que siguió fue una pesadilla de búsquedas infructuosas, hipótesis sin confirmar y promesas rotas. Durante años, el caso acumuló indicios dispersos, posibles avistamientos e incluso hallazgos de restos humanos en embalses cercanos como el de Requejada o el de Alsa, que acabaron descartándose. Desde el principio, la investigación fue limitada por la falta de medios técnicos, el tiempo perdido en las primeras horas y la escasa coordinación entre cuerpos policiales de distintas provincias. El caso fue comparado en numerosas ocasiones con el crimen de Alcàsser, ocurrido tan solo unos meses después, debido a la edad de las víctimas, la desaparición en contexto rural y la falta de respuesta judicial clara.
En 2021, casi 30 años después, una testigo anónima afirmó en un programa televisivo que ella misma vivió un intento de secuestro similar en esa misma zona, coincidiendo en perfil y modus operandi con lo que se sabe del caso de Virginia y Manuela. Este nuevo testimonio generó suficiente inquietud como para reabrir oficialmente la investigación por parte de la Fiscalía de Palencia. Sin embargo, tras más de un año de diligencias, análisis forenses y búsqueda de conexiones, el caso fue archivado provisionalmente en 2022 por falta de autor conocido, un desenlace que dejó a las familias sumidas una vez más en la frustración.
Lejos de rendirse, las familias decidieron acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2023, alegando que el Estado español había vulnerado su derecho a una investigación eficaz y completa. Pero en marzo de 2024, Estrasburgo inadmitió la demanda, alegando que no se habían agotado todas las vías internas ni se presentaban elementos nuevos suficientes. Esta decisión cerró la puerta judicial por el momento, aunque en España los casos de desaparición no prescriben, lo que significa que el caso puede reabrirse en cualquier momento si aparece una nueva prueba o testimonio relevante.
El paso de los años no ha apagado el dolor de las familias, ni el interés de investigadores independientes, periodistas y plataformas ciudadanas que siguen buscando justicia. El caso de las niñas de Aguilar de Campoo ha sido abordado en documentales, podcasts, libros y programas de televisión, y continúa siendo símbolo del sufrimiento de muchas familias que conviven con el silencio de una desaparición. Hoy, sigue planteando cuestiones fundamentales: ¿fue un secuestro? ¿una red organizada? ¿un crimen oculto bajo errores de la investigación? ¿Por qué, a pesar de las pistas y los testigos, nunca se encontró nada concluyente?
A ojos de muchos, la desaparición de Virginia y Manuela es mucho más que un caso sin resolver: es la historia de un sistema que falló, de un país que no supo proteger ni responder a tiempo, y de unas familias que, treinta años después, aún esperan volver a abrazar a sus hijas o, al menos, saber qué ocurrió.
