El caso de Paulette Gebara Farah no solo marcó a México por la trágica muerte de una niña de 4 años, sino que también se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo una mala gestión judicial, mediática y forense puede alterar la percepción pública y desvirtuar la búsqueda de justicia. Todo comenzó el 22 de marzo de 2010, cuando la madre de Paulette reportó su desaparición desde el interior de su propio domicilio en Huixquilucan, Estado de México. No hubo señales de ingreso forzado ni testigos que indicaran un posible secuestro. Sin embargo, en cuestión de horas, el caso se tornó mediático, y con ello, comenzaron las especulaciones y sospechas.
Paulette era una niña con discapacidad motriz y del lenguaje. Dormía sola, asistida por dos niñeras y bajo la vigilancia constante de sus padres. Su desaparición, en un entorno supuestamente seguro, resultó inexplicable. Se desplegaron brigadas de búsqueda, se revisaron cámaras, se hicieron entrevistas en el mismo lugar donde, nueve días después, el 31 de marzo, su cuerpo fue hallado en el fondo de su propia cama, entre el colchón y la estructura de madera, un espacio que había sido inspeccionado en múltiples ocasiones por familiares, peritos, medios de comunicación y personal forense. Este hallazgo no solo generó una ola de incredulidad, sino que también provocó el inicio de un verdadero juicio mediático.
La versión oficial, sostenida por el entonces Procurador General de Justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz, fue que la muerte de Paulette se trató de un accidente doméstico. Según esta hipótesis, la niña habría caído en un hueco de la cama y, debido a su discapacidad, no pudo moverse ni pedir ayuda, provocando su asfixia por compresión toracoabdominal. Sin embargo, la explicación dejó más preguntas que respuestas. ¿Cómo nadie escuchó nada? ¿Cómo no notaron su cuerpo durante nueve días de búsqueda? ¿Cómo se realizaron entrevistas televisadas sobre esa misma cama sin detectar nada? Estas y otras preguntas provocaron una reacción masiva de rechazo ante lo que se percibía como una narrativa forzada e incoherente.
Además, las inconsistencias en las declaraciones de la madre, Lizette Farah, del padre, Mauricio Gebara, y de las niñeras Erika y Martha Casimiro, alimentaron las dudas. Algunos informes apuntaban a contradicciones temporales, cambios en la versión de los hechos y un comportamiento considerado frío o evasivo en las entrevistas. El caso rápidamente se polarizó: para muchos, había encubrimiento; para otros, un sistema judicial improvisado estaba tomando decisiones basadas en presiones políticas o mediáticas, no en pruebas objetivas.
La opinión pública no solo cuestionó la versión oficial del accidente, sino también la credibilidad de las instituciones, el papel de los medios en la construcción del relato, y la pasividad con la que se asumió el cierre del caso. La renuncia de Bazbaz en mayo de ese mismo año, tras una oleada de críticas, fue interpretada como un reconocimiento tácito de que la investigación fue al menos deficiente, cuando no deliberadamente opaca.
Hoy, más de una década después, el caso Paulette sigue siendo analizado en universidades, foros jurídicos, documentales y redes sociales como un símbolo de todo lo que puede fallar cuando la justicia y la comunicación se contaminan de poder, ego y espectáculo. Lejos de haberse cerrado por completo, el caso ha dado lugar a teorías alternativas, dramatizaciones y una creciente exigencia por mejorar los protocolos de desapariciones infantiles y la formación de peritos y fiscales en contextos de alta exposición mediática.
Desde una perspectiva social, el caso también planteó cuestiones profundas sobre la infancia, la discapacidad, la clase social y la violencia silenciosa. ¿Paulette habría recibido la misma cobertura si hubiera sido una niña de origen humilde? ¿Se habrían manejado igual las versiones si los implicados no tuvieran vínculos de clase alta? Este crimen, con sus múltiples capas, no solo nos recuerda una pérdida irreparable, sino también la deuda que aún tienen las instituciones mexicanas con la transparencia, la rigurosidad y la justicia real.
